La letra muerta de la Ley de Dependencia

Caen en picado las solicitudes. Mientras el Gobierno recorta mil millones en la aplicación de la Ley de Dependencia, prepara otra ley para entre­gar la atención de las personas dependientes al sector privado.

Fuente: PERIÓDICO DIAGONAL, autora: Carmen Manssour.

Dependencia y discapacidadCuando se cumplen siete años de la aprobación de la Ley de Dependen­cia, diferentes organismos denuncian la falta de cobertura real que se ha dado a los servicios que supuestamente debían ser ofrecidos desde los diferentes organismos públicos y también el desmantelamiento de los servicios que habían sido adquiridos.

El Real Decreto-Ley 20/2012 ya supuso la práctica destrucción de los beneficios recogidos en la ley y el retroceso en los derechos de las personas en situación de dependencia y de sus familias, ampliando los plazos para recibir atención a dos años y medio y recortando las prestaciones en una media del 15%.

Con esta Ley también se acordó la supresión del nivel acordado de financiación y la reducción del nivel mínimo garantizado de financiación, así como el establecimiento de facilidades para no prestar atenciones de manera obligatoria dilatando el proceso hasta 30 meses.

El responsable de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CC OO, Julián Gutiérrez, denunció recientemente los continuos recortes en el área: mientras que en 2010 se destinaron 2.000 millones de euros, en los Presupuestos Gene­rales del Estado para 2014 se prevé dedicar apenas 1.180 millones, a pesar de que “todo el dinero que se invierte en Dependencia se recupera rápidamente en la creación de puestos de trabajo”.

Tal y como resalta un informe elaborado el Observatorio Estatal de Dependencia , “35 de cada mil ciudadanos son solicitantes activos de servicios de atención y ayuda a la dependencia”. Este informe también permite constatar una drástica caída de las solicitudes en las ayudas recogidas en la ley. En 2010, una media mensual de 34.812 personas solicitaron los subsidios. En 2013, la cifra había caído a 266 por mes. Unas diferencias que no son difíciles de explicar por la cantidad de solicitudes que quedaron sin respuesta con la llegada del Gobierno del PP: en 2008, se acumulaban medio millón de solicitudes sin contestar. En 2013, los expedientes de personas dependientes que no habían obtenido respuesta ya sumaban un millón y medio.

En este mismo sentido, tal y como estima Ana Lima, directora del Con­sejo General Social del Trabajo, (CGST), los recortes de casi mil millones de euros en el presupuesto destinado a los servicios sociales y a la Ley de Dependencia han provocado “que se esté dejando de dar ayudas y que 190.503 personas se mantengan a la espera de recibir la prestación que ya tienen reconocida por ley”.

Que lo hagan las empresas

El pasado mes de enero, también se denunció desde el Consejo General Social del Trabajo (CGTS) que el Plan Sociosanitario del Gobierno, que se prevé que acompañe a la Ley de Racio­na­lización y Soste­ni­bilidad de la Administración Local, encubre un afán privatizador de la atención a la dependencia. Así desde este consejo se afirma que el Eje­cutivo pretende “crear un subsistema que una Sanidad y Ser­vicios Sociales para integrar la cartera de la ley de dependencia con las camas hospitalarias de media y larga estancia” lo que, según se explica, es preocupante ya que se está dando mayor peso a la empresa privada que a la pública. El CGTS critica que, una vez más, se antepongan los criterios económicos a la verdadera necesidad como “estrategia económica de cambio del sistema” . Este consejo estima que no puede crearse una Ley básica de Coor­dinación y Atención Socio­sanitaria, si no se respeta el valor de los servicios sociales, como garantes de los derechos de la ciudadanía.