El Gobierno se convierte en especulador inmobiliario y fuerza el desalojo de un grupo de vecinos octogenarios en Madrid

 

Dependencia y discapacidadEd. Diario Progresista, 04 de abril de 2014

Jesús, 84 años. Mari, 82 años. Inocencia, 104 años. Estos y el resto de vecinos de un pequeño edificio de la madrileña calle de Bailén están a la espera de la sentencia definitiva de la Audiencia Nacional que dicte si finalmente se debe ejecutar la orden de desalojo que pesa sobre sus casas.

El edificio, situado frente al Palacio Real, era propiedad de una mujer que murió en 2004 sin herederos y dejando todo su patrimonio al Estado, que ahora gestiona el ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro.

Precisamente ahí, en 2004, comenzó el calvario de estas familias que el pasado 11 de abril recibieron la orden de dejar sus casas con el pretexto de que el edificio necesita unas reformas que no pueden llevarse a cabo con los inquilinos en las viviendas, a pesar de que estos han presentado informes de arquitectos que evidencian lo contrario.

Los números se imponen una vez más frente a la humanidad. “Nos ha tocado el peor casero que se puede tener”, asegura Jesús, vecino del tercero. Las atractivas vistas de las casas y la excelente ubicación favorecen el pensamiento de que el Gobierno quiere rentabilizar estas viviendas por las que los inquilinos pagan un alquiler de renta antigua que no supera los 50 euros.

Y entonces llega la excusa de las obras. El Ayuntamiento, a través del IVI, constató las obras a realizar que la anterior propietaria realizó en su mayor parte: tejado nuevo, fachada, balcones, bajantes, pocería y solamente quedó por hacer la parte de estructura. Parece que para realizar dichas obras los vecinos ahora deben desalojar todo el edificio; o al menos en eso se ha basado Hacienda para hacer un proyecto faraónico y retorcido con el que asegura que los vecinos podrán realojar sus casas una vez que este termine, en un plazo aproximado de seis meses.

Pero, “¿qué pasa si nos echan y las obras no comienzan porque dicen que no hay presupuesto? ¿O si una vez que estemos fuera encuentran cualquier problema y determinan que las viviendas no son habitables?”. Este es el miedo de todos los vecinos, que se muestran convencidos de que una vez que salgan por la puerta no volverán a las que han sido sus casas durante toda una vida.

“Hacienda se cubre las espaldas, pero en ningún papel pone que realmente podamos volver en seis meses; si eso fuese así no montaríamos todo esto”, explican los vecinos. De hecho, comenta una vecina, el abogado del Estado “metió la pata” y dijo que el edificio se vendería en cuanto terminaran las obras.

Una vez que murió la propietaria del inmueble, comenzó el interés estatal por el mismo, que –casualidad o no-, no pasaba las revisiones anuales del ITE (Inspección Técnica de Edificios). Los vecinos se quejan de que las viviendas están en las mismas condiciones que las del resto de la manzana y de que en todas ellas las reformas se han realizado con los propietarios dentro. Y es que todo lleva a pensar que ese es el principal problema,  el que diferencia a esta comunidad del número 9 del resto de vecinos: el propietario de este jugoso edificio es el Estado.

OBLIGADOS A PAGAR UNA MULTA DE MÁS DE 160.000 EUROS

Además, y como si el ya mencionado calvario que viven estas familias fuera poco, hace apenas unos días un tribunal condenó a la comunidad a pagar una multa que asciende a 161.839 euros por los gastos derivados de las continuas fotografías que ingenieros enviados por Hacienda han realizado a las grietas del edificio en los últimos años, así como de varias de las catas que se han realizado en el inmueble. “¿2000 euros por cada foto?” se pregunta Beatriz, la hija de Inocencia, una madrileña de 104 años cuya vida ha transcurrido en los alrededores del Palacio.

Lo más curioso de esta decisión es que el Ayuntamiento de Madrid obliga a la cartera de Hacienda a realizar la toma de esas imágenes periódicamente para corroborar el buen estado del edificio, por lo que los gastos de las mismas deberían ser asumidos por el ministerio de Montoro y no por estos inquilinos, que superan en todos los casos los 80 años de edad y cobran unas pensiones con las que “evidentemente” no pueden hacer frente a dicha multa. La sentencia está recurrida y actualmente todos los vecinos esperan que “un juez con algo de humanidad” desdiga la sentencia anterior.

INOCENCIA Y BEATRIZ, 4º PISO

Inocencia Zofío cumple este jueves 104 años. Por el trabajo de su marido, un aparejador del Palacio Real, la familia se mudó hace más de 70 a este céntrico barrio madrileño que ahora, si la Audiencia Nacional lo determina, deberán abandonar. La pensión que cobran entre Ino y su hija Beatriz –Bebi, como la llaman todos sus conocidos- es inferior a lo que vale un alquiler en esa zona, por lo que no solo se ven obligadas a dejar su casa, sino también su barrio.

“Yo me puedo ir a vivir a cualquier cuchitril, pero no puedo llevar a mi madre a cualquier parte”, asegura Bebi. “Ella tiene aquí todos los médicos, todas las pocas costumbres que aún puede hacer, los amigos y la familia; no podemos mudarnos a cualquier lugar”, añade.

Ino, como la conoce todo el mundo, ha enviado cartas, de su puño y letra, tanto al ministerio de Hacienda como al propio ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la que le dice cosas como “nuestro único delito para que hayan dictado esta resolución es el de alquilar un piso hace más de setenta años a una persona que murió sin herederos” o “yo le comunico que no me voy a ir; ya no tengo fuerzas para ello y si usted no puede evitarlo esperaré a mirar a los ojos a los guardias que me envíe para que ejecuten una sentencia que no sé si técnicamente será correcta pero que humanamente les llena de infamia”.

Pese a esto, Ino se levanta, da unos cortos pasos de baile y anima a bailar a sus hijas, presume de sus años de taquígrafa de personalidades importantes y tiene un buen humor que afortunadamente parece que resistirá las últimas trabas que le está poniendo la vida, o más bien la justicia, en la que Bebi dice que “ya es imposible creer”.

“Estábamos abiertos a soluciones razonables para modificar el importe del alquiler, pero no nos quieren escuchar, lo que quieren es hacer negocio y echarnos ya”. “Cuando no hay humanidad no puedes exigir nada, y es evidente que no la hay”, asegura.

JESÚS Y MARÍA, 3º PISO

“Que nos veamos en esta situación, cuando no hemos hecho nada más que pedir garantías de que nos podremos quedar en nuestras casas parece verdaderamente increíble”, dice Jesús Carrasco, que a sus 84 años recuerda -con una mezcla entre nostalgia y rabia por lo que está ocurriendo- cómo han sido los más de 50 que ha pasado entre estas paredes.

Vive con su mujer Mª Paz Ras, que en julio cumplirá 82 años, pero los dos se niegan a aceptar que tengan que recurrir ahora a sus hijos para “vivir los últimos años de nuestra vida”. “Yo pensé que me iba a morir tranquilamente y ahora me quieren echar a la calle y arruinar”, añade Jesús con una fuerza y entereza que asombran.

La sociedad se ha acostumbrado a ver casos de bancos que desahucian a sus inquilinos, que funcionan como empresas privadas que son y, por muy reprochable que sean sus actuaciones, miran por su patrimonio y porque las cuentas salgan lo más favorables posibles; pero resulta inquietante que el propio Gobierno de Rajoy, el mismo que presume de tomar medidas para garantizar el bienestar de sus ciudadanos, tome decisiones tan inhumanas como la de desalojar de sus casas a una comunidad de seis vecinos que no tienen ninguna necesidad de que sus últimos años de vida queden marcados por esta falta de humanidad por parte de quienes deberían velar por lo contrario.